Del porqué necesitamos redes públicas/comunitarias de telecomunicaciones

Hace 6 años publiqué un artículo clamando contra la decisión de la CMT de ir contra el proyecto de Atarfe y de su creación de una red Wifi municipal. Aunque este proyecto fracasó (posiblemente la gestión municipal propia frente a la concesión a un tercero hizo que fallara), el análisis fundamental de hace 6 años (aunque con matices a algunas de las conclusiones que escribía) sigue vigente, máxime cuando nos quieren tomar el pelo las operadoras de telefonía. Del porqué necesitamos redes públicas de telecomunicaciones...posiblemente, uno de los mayores errores de Aznar en el gobierno: (...) ¿Sector de Libre Competencia? ¿Por qué necesitamos redes públicas? Cuando hablamos de infraestructuras públicas, debemos pensar siempre en la red de carreteras nacionales como ejemplo de una red pública que articula nuestro país. Hoy en día existen miles de kilómetros de carreteras en España de titularidad pública, y continuamos con la construcción de miles de kilómetros de autovías. La razón para la titularidad pública está basada en el desarrollo económico que las mismas traen al conjunto de la ciudadanía. No sería lógico pensar que el desarrollo económico y social del país esté al albedrío sólo y exclusivamente de las operadoras privadas. No es lógico porque las mismas se convierten en elementos vertebradores de nuestra existencia como nación. España mantiene un crecimiento por encima del 3% gracias entre otras, a que existe una red de infraestructuras que permite el intercambio de bienes y servicios entre las diferentes localidades. ¿Es tan dificil entender que el futuro, que la Sociedad del Conocimiento es directamente proporcional a las infraestructuras de telecomunicaciones como la fibra óptica? Obviar ésto desde la clase política, es un acto de desconocimiento impropio de una sociedad que presume estar entre los 9 países más industrializados del mundo. Pero si la lógica aplastante como la anterior no sirve, podemos acudir a la Ley de Googin. La ley de Googin dice que, desde el punto de vista de análisis de la propiedad de la red, una red de transporte puede ser explotada bien como una commodity sin ningún valor, o como un monopolio que sí lo tenga (...) el valor de la red es en sí mismo, todo o nada. . En este sentido, el Cornell AFN Institute, ha continuado con el tema, manteniendo que la única manera de minimizar el coste de los usuarios de la infraestructura en red es convertirlo en una commodity con un coste marginal cero y eso pasa por la propiedad de las redes. La cuestión está clara. Si el cliente fuera el dueño de la red, entonces el cliente podría tener el mismo acceso a un precio más bajo (como es el caso de Atarfe). Se construirían redes por parte de contratistas y, en su caso, la explotación sería regulada. La clave de todo esto, es sin lugar a dudas la propiedad, y como bien dice Lessig, los incentivos que esta propiedad pública crea. Sin embargo, la situación en España es totalmente diferente. Se ha optado por un modelo de libre competencia en un sector que conduce a medio-largo plazo, a monopolios naturales como fueron y continúa siendo el sector eléctrico. No hay sitio para más de un operador en determinadas zonas, por lo que la titularidad pública se torna en fundamental. Esto ha traído como consecuencia que incluso áreas enormes en una ciudad de la importancia de Córdoba no tengan acceso a internet de banda ancha, o que cuando se hace sea a unas velocidades lamentables. Mientras que en Japón o Corea comienzan a disfrutar de 100 MB/s y en EE.UU consideran totalmente insuficientes 3MB/s de acceso, aquí en España la situación es vergonzante. Las operadoras de telecomunicaciones españolas nos toman el pelo con el ancho de banda; nos ofrecen velocidades muy por debajo de lo que la tecnología posibilita; cortan el acceso a un usuario de tarifa plana por usarlo más de 8 horas; y hasta nos ofrecen velocidades declaradas totalmente ilegales. Bajo este panorama, ¿tenemos que creer que sólo la iniciativa privada posibilitará que España se desarrolle propiamente en el Siglo XXI?. Cuando en España nos seguimos manteniendo en los últimos puestos del Indice de Acceso Digital del hemisferio occidental, argumentar que este tipo de iniciativas distorsionan el mercado, es para "ir a mear y no echar ni gota..., máxime cuando lo que se está supuestamente distorsionando es una oferta de TV Atarfe de ofrecer como máximo una velocidad de 256 KB/s por 30 euros/mensuales....ver para creer... Si la Sociedad del Conocimiento depende sólo y exclusivamente de las operadoras de telecomunicaciones privadas la consecución de ésta será una mera quimera, de ahí el fracaso total en alcanzar ni tan siquiera por asomo, el avance en la sociedad netocrática. Mediante esta denuncia de AOTEC, se pretende que el interés particular de este colectivo empresarial, prevalezca sobre el interés común, al ver peligrar su negocio por la iniciativa ciudadana. Por ello, han puesto sus motores de presión a trabajar consiguiendo al menos sembrar la incertidumbre en el sector. Arguyen la libre competencia en la necesidad de parar la iniciativa atarfeña para poder rentabilizar sus infraestructuras creadas durante 20 años de situación alegal. ¿Hablaríamos de libre competencia si Aumar, concesionaria de Autopistas del Estado, denunciara al Ministerio de fomento por la construcción de nuevas radiales de titularidad pública? Entendemos que el tema de la Sociedad del Conocimiento no es una cuestión de libre mercado, como tampoco lo fueron en su momento la red eléctrica, o sigue siendo el agua o las carreteras. Aunque no seamos nada partidarios de la intervención del Estado en los quehaceres de la sociedad, cuando el desarrollo económico de una nación entera como España está en juego, los poderes públicos deben actuar, y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Atarfe, ni más ni menos: tener la visión suficiente. Cuando avanzamos en la sociedad digital, las infraestructuras de telecomunicaciones han de verse bajo la misma óptica. Las redes de infraestructuras de telecomunicaciones se encuentran en la misma órbita que las carreteras, electricidad o agua. ¿Por qué mantener bajo titularidad pública éstas y no las infraestructuras de telecomunicaciones? Desconocimiento y presiones parecen ser las causas. Desde estas líneas abogamos por la creación de una infraestructura publica donde diferentes operadores privados puedan ofertar sus servicios, bajo una regulación de los precios, y con una serie de obligaciones, sobre todo con las referidas a la velocidad de acceso. Prohibir que una administración pública tenga una infraestructura de telecomunicaciones, es como prohibir que nos preparemos para desarrollar económicamente diferentes áreas. Si son sólo los operadores privados los que fijen nuestro crecimiento, nos veremos obligados a tener accesos a Internet con unas velocidades ridículas, obviando las miles de posibilidades que se tienen en un futuro. Pretender que sean las operadoras de telecomunicaciones privadas en solitario las que nos lleven a la Sociedad del Conocimiento, sólo nos queda apagar e irnos en busca de otras sociedades más proclives al futuro netocrático. Nuestros legisladores parecen no darse cuenta que el futuro vendrá marcado por los centros de innovación del Siglo XXI, y que los mismos no coincidirán con las sociedades industriales nacidas del siglo XIX. Pequeñas comunidades que basen su desarrollo económico y social en las infraestructuras de red tal y como vemos hoy en pequeñas localidades españolas como Mataró, estadounidenses como Reedsburg, o países asiáticos como el Reino de Bhutan, consituyen el futuro. Allí es donde estarán concentradas la gran mayoria de las innovaciones futuras por lo que intentar coartar el avance tal y como propone la CMT en aras de una libre competencia que nos ofrece una calidad de acceso simplemente bochornosa, nos parece simplemente una tomadura de pelo.