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Pues entre otras todo tipo de gastos de funcionamiento del propio Ayuntamiento: gastos de reparaciones, estudios técnicos, mantenimiento, conservación y un largo, etc. (aquí un listado de 10 páginas con las partidas de los gastos que se registran en la ciudad de Córdoba).
En el caso de Córdoba, el capítulo II supuso en el año 2009, el 30,59% del total del capítulo de gastos, o lo que es lo mismo, más de 138 millones de euros en gasto corriente. En época de crisis, un buen gestor lo primero que hacer es intentar racionalizar el gasto de su empresa, eliminando gastos superfluos o que no son necesarios. Esta es la misma estrategia que debe seguirse en un Ayuntamiento.
Sin embargo, en estos, en muchas ocasiones nos encontramos con la problemática que la voluntad política debe ser férrea primeramente por parte del alcalde, pero no sólo por éste, sino también por el resto de concejales, y eso, en el régimen clientelar partiocrático que tenemos es muy complicado. El capítulo II es utilizado en numerosas ocasiones para premiar a los fieles del partido, a los amigos, a todos aquellos que se sitúan alrededor de la casta política, y en otras, sirve para constatar la mediocridad de los gestores, no por cohecho, sino por puro desconocimiento y dejación de funciones. A pesar de que en el mundo profesional es conocido muchos de estos chanchullos, desde fuera poco se puede hacer.
El miedo a denunciarlo públicamente o la falta de pruebas son algunas de las razones que hacen que este tipo de hechos se sigan produciendo. Pero de todo este tipo de acciones existe un testigo directo que se encuentra infrautilizado: el funcionario público. Es por eso que entiendo que las ciudades del siglo XXI tienen que tender hacia una gestión mucho más participativa, empezando por aquellos que conocen directamente la situación, y que no son otros que los funcionarios.
La creación de una oficina municipal de ahorro de costes tendría como objetivo el ahorro de costes a través de todo el aparato de la administración pública. El mecanismo para el ahorro de gastos vendría ejercitado en primer lugar por parte de acciones iniciadas por los propios funcionarios (sin participación del gestor político de turno) los cuales indicaran, de manera anónima, cuáles son los gastos superfluos y prescindibles que se están llevando a cabo en el departamento / concejalía y empresa pública donde ellos trabajen o conozcan que se produzcan.
Una vez denunciado un gasto como irregular o sospechoso por parte del funcionario, desencadenaría un mecanismo por el cual, el responsable del gasto tuviera que argumentar, de manera transparente hacia toda la ciudadanía, el porqué está llevando a cabo ese gasto y cuáles son los retornos que se obtienen. En ese momento, comparativas de gastos municipales a nivel nacional actuarían automáticamente para indicar si el sobreprecio pagado es justificable.
Políticas de este tipo así como obligatoriedad de información pública, facilitarían que la corrupción tuviera más dificultades de aflorar en administraciones públicas en general y ayuntamientos en particular ya que obligarían a tener que justificar, de manera transparente y ante audiencia pública, el porqué se toman decisiones de algún tipo. Este tipo de políticos vienen a confirmar como la gestión participativa, el poder de muchos, insisto no sólo de los ciudadanos, sino de los propios funcionarios y políticos en la oposición, pueden llevar a la gestión pública a la excelencia.
En Córdoba, de los 138 millones de euros de gasto corriente, tirando por lo bajo, probablemente se podrían ahorrar un 20% del total o lo que es lo mismo, unos 27 millones de euros anuales...o lo que es lo mismo, 1/3 del Palacio del Sur, que llevamos esperando 10 años
