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Cuando las redes públicas no son acceso gratis a Internet

El nuevo expediente de la CMT sobre el Ayuntamiento de Ponteareas ha reabierto el debate sobre las redes públicas. Barrapunto, El Navegante de El Mundo, Libertad Digital, son algunos de los medios que se han hecho eco del caso del ayuntamiento pontevedrés. Este caso es similar al atarfeño, ya que a ambos se les incoa expediente por infracción muy grave al comenzar la actividad consistente en “la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo”. Y de nuevo, como ya ocurrió con el caso anterior, la comunidad internauta se ha posicionado de manera muy diferente. Desde los que consideran las infraestructuras de telecomunicaciones públicas tienen un carácter estratégico, que el modelo debe revisarse, hasta lo que piensan que los que defienden éstas, no se enteran de una o que el caso de Atarfe es un robo. Sin embargo, creemos humildemente que en los foros internautas se yerra en muchas ocasiones el análisis del problema. La cuestión que hemos de debatir no es el acceso libre a internet por parte del ciudadano, al menos, no sólo ese. La cuestión es diferente. El planteamiento debe ser mucho más global que el mero acceso a internet, porque eso no garantiza que un pueblo se desarrolle. Ésto lo garantiza que la ciudad tenga una infraestructura de fibra óptica que garantice el desarrollo económico. Desde nuestro blog, hemos mostrado seis diferentes ciudades estadounidenses, Cedar Falls, Cleveland, Scottsburg, Issaquah Islands, Jacksonville, Holland, se han visto altamente beneficiadas de la implantación de infraestructuras públicas en sus localidades. Para nosotros el debate de la gratuidad de Internet no existe. Cremos que el coste de implantación del mismo debe entenderse, debe ser financiado con un sistema similar al de las tasas municipales por uso del agua. Si hoy en día pagamos 50 euros de agua cada tres meses, ¿por qué no pagar lo mismo a sociedad mixtas, concesionarias por el acceso a Internet? La CMT no lo impide con la actual legislación. Se puede hacer siempre y cuando se cobre un precio que no distorsione la libre competencia... y quizás ahí es donde encontramos parte de la clave. Entendemos que distorsionar el mercado de la libre competencia es tener una televisión pública que compite mediante contratación de anuncios con el resto de operadoras privadas. Pero cuando esta distorsión en el mercado proviene de un operador de telecomunicaciones de dudosa reputación, asi com de un cibercafé en el municipio, entendemos, que el principio no es aplicable.Si el cibercafe ofreciera velocidades al usuario de más de 1MB, no se distorsionaría la libre competencia ya que el acceso público de Internet no significaría rival para una conexión que permitiera disfrutar de todo tipo de aplicaciones multimedia que por las cuales se necesita de más caudal de ancho de banda. Sin embargo, entendemos que el cibercafé ofrece la velocidad de acceso considera normal para cada uno de sus clientes, y ahí es donde quizás donde tenemos que situar el escenario. Para lo que para la gran mayoría es normal, para los coreanos, japoneses, fineses, etc. es ridículo. ¿Debemos plantearnos entonces garantizar el acceso a los ciudadanos para velocidades 128-256Ks por parte de empresas mixtas y dejar las velocidades superiores a las operadoras privadas? Ésta es al menos la visión de Antonio Rojo, Concejal de Nuevas Tecnologías de Atarfe. Las operadoras privadas deberían ofertar servicios de ancho de banda por encima de 1MB, que es un acceso de calidad, mientras que por debajo de esta velocidad, los organismos públicos deben garantizar el acceso de la población a la Sociedad del Conocimiento Pero independientemente de este hecho, para nosotros el debate no se encuentra en el acceso ni en quién explota la red, sino quién es el dueño de la misma. En la cuestión de redes públicas, lo más importante que se necesita es la visión global y la articulación de un plan estratégico tecnológico de cada comunidad. Por eso que el acceso gratuito o no a la red, es lo secundario. Su forma de explotación secundaria, lo importante reside en la estrategia global a seguir. El acceso no es el problema. El problema reside en la infraestructura y de qué tipo de servicios podemos ofrecer a través de esta la misma. Sin embargo, la comunidad internauta se debate en la nimiedad del hecho, en el mero acceso a Internet, cuando lo realmente importante es tener la infraestructura de telecomunicaciones públicas que garantice por una parte el desarrollo económico-social de la ciudad, así como una mejor prestación de los servicios públicos. Por eso apoyamos vehementemente el caso de Atarfe. El caso de Atarfe es una planteamiento integral de desarrollo económico-social de una población de 14.000 habitantes que quiere apoyarse en las redes de comunicaciones como eje de su crecimiento futuro. Ese es el debate importante y el que nunca podemos perder de vista. Que la CMT haya abierto expediente al ayuntamiento de Atarfe por la no notificación del servicio es lo de menos. Tal y como nos decía Victor Sánchez, alcalde de Atarfe en un reciente encuentro, cambiaremos el contrato y le daremos la forma jurídica necesaria, pero eso no nos parará. Las ventajas de ofrecer a los ciudadanos una infraestructura de telecomunicaciones pública que les permita el acceso al conocimiento, una calidad de servicios inmejorables, así como un desarrollo económico del conjunto de la ciudad.

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